El proyecto de ley de la vivienda propone un cambio en el modelo de negocio de las inmobiliarias, pasando de un modelo de intermediación a uno de representación en el que solo trabajarán para el propietario. Esta situación plantea preocupaciones sobre la protección de los derechos de los inquilinos en cuanto a cómo se negociarán los precios de alquiler y cómo se resolverán los conflictos. En lugar de ser un beneficio para los inquilinos, podría dejarlos en una posición vulnerable y sin defensa.
Se plantean varias preguntas importantes, como quién defenderá al inquilino en caso de problemas, quién negociará el precio del alquiler en su beneficio y quién intervendrá en el día a día cuando surjan problemas en la propiedad. También hay otra cuestión que puede ser preocupante, el coste de contratar a un abogado en caso de problemas legales.
En resumen, el proyecto de ley de la vivienda plantea cambios significativos en el papel de las inmobiliarias en el mercado de alquiler. Aunque estos cambios pueden beneficiar a los propietarios, también plantean preocupaciones sobre la protección de los derechos de los inquilinos y la resolución de conflictos. Es importante considerar estas cuestiones y situaciones en ambas direcciones antes de sacar conclusiones sobre los beneficios o perjuicios de la nueva ley de vivienda.
